2. Implementación de un mecanismo de descriminalización.

4. Apoyo administrativo y económico para su situación tanto en el país de acogida como en Guatemala.

1. Reconocimiento público

Se recomienda que se materialice mediante un acto público de reconocimiento de responsabilidad, dignificación de las víctimas y
disculpa pública, en el cual:

• Se reconozca que la criminalización se realizó a través no solo del uso ilegal del derecho penal, sino también del encarcelamiento arbitrario,las amenazas, y la estigmatización sociopolítica, así como el daño ocasionado a las personas y sus familias.

• Se reconozca explícitamente el carácter histórico y estructural de la criminalización y persecución contra pueblos originarios y sus liderazgos, particularmente en relación con la defensa pacífica de sus territorios y recursos naturales y sus derechos colectivos.

2. Proceso de Descriminalización

Este proceso debe incluir la investigación de las estructuras y personas responsables de posibles abusos, así como medidas frente a la violencia digital, el ciberacoso, las amenazas y las campañas de difamación asociadas a la criminalización.

3. Mecanismo de atención y seguimiento para las personas en el exilio

Como punto de partida, la COPADEH deberá crear un registro de todas las personas exiliadas a consecuencia de la criminalización y persecución y mantenerlo actualizado.

El mecanismo de atención debe coordinarse con la mesa de trabajo para la descriminalización y con las personas en el exilio para asegurar una comunicación clara y proveer actualizaciones de los procesos judicializados y procesos de descriminalización.

a) Procedimientos específicos para las personas que quieren retornar.

Para las personas que deseen volver a Guatemala, el gobierno –a través de la COPADEH– debería crear un protocolo con procedimientos estandarizados para asegurar un retorno seguro y digno. Previo al retorno, la persona o equipo responsable debe de trabajar con las entidades estatales necesarias para hacer un análisis de riesgo, determinar las necesidades específicas de cada persona, y establecer una ruta de seguimiento después del retorno, según el nivel de riesgo. El procedimiento para el retorno debe incluir a los familiares que salieron con la persona criminalizada.

Ese proceso de retorno seguro debe contemplar, como mínimo:

• Establecer alianzas con ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acompañar y monitorear procesos de retorno seguro y asistido de personas exiliadas, garantizando el respeto de sus derechos como personas refugiadas o sujetas de protección internacional, así como el carácter voluntario, digno y seguro de dichos retornos.

• Medidas financieras, laborales y de reintegración familiar. La política de descriminalización y facilitación del retorno seguro debe de llevarse a cabo con recursos para poder ser efectiva. Dichos recursos pueden venir
del propio Estado o de la cooperación internacional que ha acompañado la lucha por la justicia y el apoyo al exilio en diferentes momentos y modalidades.

-  Inserción laboral: garantizar la reincorporación a los puestos de trabajo en el sector público de quienes fueron destituidos arbitrariamente, o forzados a renunciar. En caso de no ser viable o posible la reincorporación laboral, proporcionar alternativas laborales de igual jerarquía y dignidad, acordes con su formación, trayectoria profesional y años de experiencia.

b) Procedimientos específicos para las personas que no quieren o no pueden retornar.

Para las personas en cuyos casos no puede ser garantizado un retorno seguro, o que deciden no retornar y quedarse en otro país, se recomienda que el mecanismo de seguimiento coordine con las representaciones diplomáticas para la atención gratuita de las necesidades de las personas; por ejemplo, para el (i) trámite inmediato de pasaportes, documentos de identificación (DPI), certificados de nacimiento, matrimonio y otros; (ii) el apoyo y agilización de trámites de certificación oficial de documentos (por ejemplo, documentosy títulos de estudios); y (iii) orientación y acompañamiento en trámites migratorios. Se insta a las representaciones coordinar con entidades local o internacionales como ACNUR para asegurar que las personas gocen de los derechos básicos de las personas refugiadas garantizados por Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los de los Refugiados6. Como medida de compensación, las personas exiliadas, según su perfil profesional, podrían incorporarse a un programa de colaboración en la atención a personas migrantes u otras opciones de apoyo para su reintegración en otros países, cómo están realizando en algunos casos. El apoyo debe extenderse también a los familiares que salieron con la persona criminalizada.

4. Medidas de rehabilitación y simbólicas

El programa de atención en salud mental, con pertinencia cultural y enfoque en trauma derivado de la persecución política, debe basarse en redes de apoyo, con consulta a las víctimas y participación de organizaciones o profesionales con la necesaria capacitación. Existe una red de atención psicosocial con experiencia en la atención a personas criminalizadas que puede ser la base de este programa.

• Creación de procedimientos para apoyar la continuidad de los estudios y formación que ayude a la reintegración:

• Memoria, verdad y documentación histórica como medida de reparación. La construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de una comprensión crítica de los procesos de persecución, criminalización y exilio deben asumirse como componentes centrales de las políticas de reparación y de las garantías de no repetición. La experiencia de todas estas personas, su contribución a la justicia y la democracia, debe ser parte de lo que se estudie y escuche en el ámbito educativo, especialmente en lo profesional. Áreas como el derecho, la criminalística, la psicología, la historia o las ciencias políticas tienen que ver con la experiencia de estas personas, y su trabajo y experiencias serían una contribución valiosa a la formación de las nuevas generaciones de profesionales.

Es clave que estas acciones orientadas a la memoria histórica puedan proporcionar materiales o elementos audiovisuales que lleguen a diferentes colectivos, como escuelas de formación de personal del Organismo Judicial y del Ministerio Público, se difundan ampliamente en el sector justicia, periodistas y otros, además de forma generan en la sociedad para que sean de conocimiento público. Dada la frecuencia con que estas experiencias han sido criminalizadas incluso a través de ciberacoso, deben considerarse estas prácticas también en el diseño y protección de estas medidas.

5. Otras recomendaciones para garantizar la no repetición

a. La COPADEH debe transformarse en una Secretaría, que asuma la responsabilidad de ser el ente rector de la política de derechos humanos. Se necesita que las políticas de derechos humanos en Guatemala cuenten
con la necesaria coordinación e institucionalidad con poder de llevarlas a cabo.

b. Medidas de emergencia y protección para personas periodistas y defensoras de derechos humanos. La labor de periodistas y profesionales de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos y la transparencia democrática. Por ello, se recomienda
fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, y que se incluyan en la “Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” medidas concretas de
prevención y protección frente a situaciones de riesgo. En este sentido, revisar y fortalecer esta política pública para incorporar mecanismos efectivos de protección y respuesta inmediata, así como un mecanismo específico para la protección para personas periodistas y comunicadoras.

Dicho mecanismo debería contemplar, como mínimo, las mismas medidas de prevención, protección, evaluación de riesgo, reubicación, seguridad y acompañamiento jurídico, conforme a los estándares internacionales de
derechos humanos aplicables en la materia.

En el caso específico de las personas periodistas, el Estado debe garantizar que las controversias o posibles conflictos derivados del ejercicio periodístico se canalicen a través de los mecanismos de autorregulación y ética profesional ya existentes, tales como los comités de ética correspondientes, y no mediante el uso del derecho penal. Asimismo, debe asegurar que el trabajo
periodístico no sea objeto de persecución, criminalización o represalias por la realización y publicación de investigaciones, la emisión de opiniones o la defensa de la libertad de expresión. Esta medida resulta fundamental para avanzar en la despenalización de la libertad de expresión y en la protección del ejercicio independiente del periodismo.

Como parte de las medidas de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, el Ministerio Público debe fortalecer la Unidad de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Sindicalistas, ambas adscritas a la Fiscalía de Derechos Humanos, mediante la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, así como de mecanismos efectivos de protección y
funcionamiento independiente.

Este fortalecimiento deberá incluir no solo medidas de protección física, sino también la investigación efectiva de amenazas y agresiones, así como la adopción de cambios y medidas específicas orientadas a reducir las
condiciones de vulnerabilidad y riesgo identificadas por las propias víctimas.

c. Otras acciones y reformas recomendadas para el Estado Además, se propone las siguientes acciones para el Ejecutivo7:
• Reorientación de la Procuraduría General de la Nación (PGN): Como asesor jurídico del Estado y garante del derecho al debido proceso, la PGN debe abandonar su rol de querellante adhesivo en casos de criminalización y plantear clara su postura jurídica para la defensa de
la legalidad.

• Recuperación de la Institucionalidad: es vital que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recupere su mandato constitucional de supervisión de la administración pública y defensa de las garantías.

Estas acciones también han sido recomendadas por parte de la Misión de Juristas (2026).
fundamentales, alejándose de la actual connivencia con los actores de la persecución. La idoneidad e independencia de personas que dirigen instituciones como la PDH o el Mecanismo de Prevención de la Tortura
deben asegurarse según los estándares internacionales.

• Revisión detallada de la respuesta del Estado [COPADEH] a las medidas cautelares y medidas provisionales otorgadas por el Sistema Interamericano a las personas exiliadas para analizar los patrones de acción o inacción del Estado y el impacto de la respuesta del Estado en la seguridad de la persona.

• Reformas legales, medidas institucionales y garantías de no repetición. Este estudio ha mostrado los problemas que se han dado en Guatemala en los procesos de criminalización y alerta de la necesidad de la no repetición como parte del derecho a la reparación. Entre estas reformas, la protección del derecho a la protesta social y autoorganización de pueblos originarios que ha estado en la base de su criminalización bajo acusaciones de “terrorismo”. En este sentido, las recomendaciones de esta investigación para fortalecer el sistema de justicia e implementar reformas para institucionalizar garantías de no repetición, tienen eco en una serie de recomendaciones detalladas de organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),8 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH GT)9 y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados10; grupos de expertos especializadas en el tema como el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT)11 y la Misión Internacional de Juristas por Guatemala12; así como organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales13. Dichas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta por el Estado de Guatemala.